Pídele a la CNDH que presente acción de inconstitucionalidad contra la #LeyJavierDuarte
Acción promovida por ContingenteMX
En Veracruz fue aprobada una ley que atenta contra la libertad de expresión (Foto: Vive Aguascalientes)
El pasado martes 20 de Septiembre, el Congreso del Estado de Veracruz-Llave aprobó la propuesta del Lic. Javier Duarte Ochoa, gobernador de esa entidad, sobre la adición de un capítulo al código penal del estado, en donde se establece un delito denominado Perturbación del orden público. En el texto de dicho artículo se indica que se sancionará “A quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público”
La iniciativa aprobada en Veracruz se deriva de una serie de acontecimientos que ocurrieron durante las últimas semanas, que derivaron en la detención de 2 usuarios de la red social Twitter. Ante la presión recibida para liberar a estas personas, el gobernador propuso como solución al problema el establecimiento del delito ya mencionado
Este 21 de Septiembre, a las personas detenidas les fueron retirados los cargos y fueron liberadas. A pesar de ello, no dejaremos de hacer presión, ya que los hechos han puesto en evidencia la intolerancia del gobierno del estado de Veracruz ante las opiniones en contra y la difusión de la lamentable situación que se vive en el estado. El gobierno encabezado por Duarte, en colusión con el Congreso Local, aprobaron esta reforma con el fin de criminalizar las opiniones vertidas en las redes sociales.
Por lo anterior, unamos esfuerzos y solicitemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que presente una acción de inconstitucionalidad contra la aprobación de esta Ley.
Al firmar la petición estarás enviando esta carta
Destinatario: Lic. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
El que suscribe la presente, en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, solicita:
Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos a su cargo, ejerza la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contemplada por el inciso g, fracción II del artículo 105 constitucional dentro del plazo de 30 días naturales siguientes, contra la publicación del Decreto por el que se adiciona un capítulo III al Título XXII y se adiciona el delito contenido en el artículo 373 “Perturbación del orden público” al Código Penal del Estado de Veracruz aprobado por el Congreso del Estado el martes 20 de septiembre de este año y publicado el mismo día en la Gaceta Oficial del Estado.
Dicho artículo 373 establece:
“A quien por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros: de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario mínimo, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida.
Se entiende que si bien existen límites a la libertad de expresión, en una sociedad democrática estos no deben constituirse en obstáculos para el ejercicio de la libertad misma que la vacíen de sentido como sucede en el caso concreto.
Consideró que el artículo 373 adicionado atenta contra la libertad de expresión consagrada en el artículo 6 constitucional, a saber: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público;…” por la siguientes razones:
1. Afirmar algo no implica la voluntad de difundir extensivamente y menos de perturbar el orden. Se puede afirmar al responder a una pregunta, también se puede afirmar algo al repetir lo que alguien más dijo, incluso una afirmación puede darse en un contexto privado.
2. Se exige de la simple afirmación de una idea un requisito obligatorio de veracidad sin el cual, la simple opinión equivoca no intencional sobre un hecho, puede ser penalizada.
3. No precisa los medios por los que se emite la idea, más aún, los abarca todos (“A quien por cualquier medio”). Un “medio” puede ser una conversación persona a persona, una llamada telefónica, un correo electrónico o cualquier comunicación en Internet: hasta una señal con las manos.
4. Al utilizar la palabra “otros” (aparatos) amplía las posibilidades de que “otros” “aparatos” puedan ser mencionados en una simple expresión o en el contexto de una expresión: con esto, podría caerse en el supuesto de perturbación del orden público.
5. La redacción del delito no califica sobre la intencionalidad de la conducta. Con dolo o sin él, la pena se impondría más bien por la magnitud de la perturbación causada e independientemente de la intención de generarla.
6. Cuando se sucedan hechos de violencia se inhibirá el libre intercambio de información valiosa y oportuna para la seguridad de las personas, condición que integra el concepto de orden público como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC-5/85:
“… el mismo concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse. En este sentido, también interesa al orden público democrático -tal como está concebido por la Convención Americana- que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información.”
Por lo anterior, sostengo que de conformidad con los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales (artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros), que las restricciones a la libertad de expresión están justificadas en cada caso: solo de manera excepcional, en conductas determinadas y específicas, y no en definiciones amplias y generales como las descritas por el citado artículo 313.
Con redacciones genéricas como las aprobadas por el congreso veracruzano, los supuestos que pueden configurase en el tipo penal son amplísimos. Una gama extensa de conductas pueden ser consideradas como perturbadoras del orden, lesionando con esto gravemente la libertad con la que las personas expresarán sus ideas en lo sucesivo. Adicionalmente, su vaga redacción confiere al juzgador una capacidad subjetiva que se aleja de los principios de certeza y legalidad que caracterizan la imposición de penas.
México transcurre por un momento social difícil. No será con medidas draconianas o restrictivas del libre flujo de la información y de las opiniones, como podremos trascender esta complicada realidad de violencia respetando escrupulosamente nuestros derechos fundamentales. Atentamente
Compra masiva de Proceso equivale a censura: Artículo 19
MÉXICO, D.F. (apro).- La organización de derechos humanos Artículo 19 reprobó la compra masiva de la revista Proceso en Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Durango y Puebla.
“(…) La compra masiva, así como el robo de ejemplares con el fin de evitar que lleguen a sus destinatarios es una modalidad de censura previa y en consecuencia una violación al derecho de la sociedad de allegarse de información de interés público, tal como lo establecen el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“En ese sentido ARTICLE 19 hace un llamado a los gobiernos estatales y federal para que cumplan con sus obligaciones internacionales y garanticen la libre difusión e ideas e información. Todo obstáculo o restricción realizados por personas privadas o por agentes estatales representan una violación a los principios que prohíben la censura previa”, insta la organización en un comunicado.
Este fin de semana fueron comprados de forma masiva 5 mil 400 ejemplares de Proceso en Veracruz. La desaparición del semanario coincidió con el reportaje principal de la revista, que denunciaba el reacomodo de los cárteles de la droga en dicho estado.
“La maniobra” es “cada vez más recurrente” contra la revista, advirtió Artículo 19.
Veracruz: zona de silencio informativo: periodistas del país
Comunicadores sufren acoso judicial y hay leyes especiales contra twitteros.
Por Guadalupe López Espinosa
Xalapa, Ver., 26 de septiembre de 2011.- Cada día se vulnera más el derecho a la información de todos los mexicanos porque siguen creciendo las zonas de silencio informativo en la mayoría de las entidades del país, especialmente en el corredor de tierra caliente de los estados de Guerrero, Michoacán y Estado de México así como en los estados de Veracruz, Tamaulipas y una región de Chihuahua.
Lo anterior, como consecuencia de las amenazas, agravios y asesinatos que cometen no sólo criminales de la delincuencia organizada, sino también servidores públicos de todos los niveles.
Esa situación quedó de manifiesto en el pronunciamiento por la protección del ejercicio del periodismo en los estados de la república que firman organizaciones de periodistas y periodistas independientes de varios estados del país, que durante dos días se reunieron en la ciudad de México , en el Seminario Nacional por leyes y mecanismos de protección en los estados de la república, convocado por la Casa de los Derechos de los Periodistas.
Confirmaron, señalan, que a pesar de condiciones distintas que tienen para trabajar en cada entidad, padecen circunstancias comunes derivadas de la vulnerabilidad estructural de la mayoría de periodistas mexicanos, por la inexistencia de leyes que reconozcan sus derechos laborales y profesionales, por la debilidad jurídica para la protección del ejercicio, por malas prácticas de gobernantes, servidores públicos, elementos de las fuerzas de seguridad de todas las corporaciones y hasta de muchos empresarios de medios de prensa.
Señalan que las agresiones al ejercicio periodístico ocurren más fácilmente porque la vulnerabilidad de los periodistas mexicanos es más entre quienes realizan este trabajo en las entidades del país, porque padecen las condiciones más difíciles, especialmente los periodistas y radios indígenas y los reporteros gráficos de todos los medios.
Por esta visión afirman que se requieren, no sólo medidas de seguridad como reacción rápida ante amenazas o riesgos inminentes, sino también leyes, políticas públicas y planes nuestros para la protección correctiva y preventiva en todos los aspectos.
A ellos, dicen, les preocupa sobremanera tres asuntos contingentes; la descomposición acelerada de las garantías para ejercer el periodismo en Veracruz, el enfoque de las investigaciones por los feminicidios de las periodistas Marcela Yarce y Rocío González en el Distrito Federal, y las intenciones en el Congreso de la Unión de constreñir más la libertad de expresión y la libertad de prensa en las propuestas de Ley de Seguridad Nacional y de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y leyes orgánicas, como de la Armada.
Entre otras cosas, se comprometieron a promover en cada entidad la construcción de comités de protección los propios periodistas, como primera instancia de auxilio, para atender colegas en riesgo y gestionar que sean atendidos sin dilación por los órganos de gobierno responsables de garantizar la seguridad.
También, a impulsar redes estatales de periodistas y de organizaciones, especialmente en espacios electrónicos, y promover uno o varias conexiones nacionales hasta contar con una red de redes de alerta temprana y de reacción rápida ante riesgos y amenazas.
Asimismo, demandaron al gobierno federal una reunión inmediata con el Secretario de Gobernación y el Procurador General de la República para examinar el estado en que se encuentra el llamado mecanismo federal de protección a periodistas, para examinar los casos de riesgos que se tienen en diversas entidades de la república y conocer los avances en las investigaciones de los asesinatos de los periodistas del año 2000 a la fecha.
Al Senado de la República iniciar un dialogo sobre la intención de crear una ley federal de protección de los derechos para el ejercicio profesional del periodismo y revisar la situación que guardan los dictámenes aprobados por la Cámara de Diputados para federalizar los delitos contra la libertad de expresión y otros postergados.
Demandaron la atención también de los gobiernos estatales a coadyuvar pronta y diligentemente con las instancias federales de protección o de organizaciones civiles para atender casos de periodistas o medios de prensa en riesgo con medidas cautelares y de seguridad.
Demandaron de los Congresos estatales a descongelar iniciativas o acelerar procesos sobre leyes de protección y/o fomento de los derechos del ejercicio del periodismo en cada entidad y que consideren la realización de una reunión cumbre de las legislaturas interesadas en acelerar esos trabajos.
Pronunciamiento especial por el periodismo en Veracruz
Los periodistas manifiestan que en los últimos meses se ha vivido una escalada de violencia extrema en contra de las y los compañeros periodistas que ejercen su profesión en el estado de Veracruz; asesinatos, desapariciones, amenazas, agresiones, actos de intimidación e incluso violencia institucional en forma de descalificaciones a periodistas en riesgo, acoso judicial y leyes especiales contra twitteros.
“Frente a ello el gobierno de Veracruz está cayendo en el delito de omisión por no realizar medidas efectivas que frenen esta escalada; su responsabilidad no radica en negar o desmentir estos hechos lacerantes e indignantes, sino en actuar con políticas publicas claras de prevención e investigación de los hechos que claramente atentan contra toda la sociedad veracruzana al acallar y cerrar los canales de información y comunicación a los que tienen derecho”.
Mencionan también que hay evidencia de un éxodo irrefrenable de periodistas de Veracruz, y esto es otra muestra alarmante de que en dicha entidad no existen las condiciones mínimas para ejercer el periodismo.
“Urgimos y exigimos al gobierno de Javier Duarte que de inmediato investigue y castigue a los responsables de todos y cada uno de estos hechos, que garantice el ejercicio profesional de las y los periodistas en todo el territorio estatal y sobre todo que asuma su responsabilidad de cara a la nación sin minimizar o negar esta verdad tan dolorosa”.
Firman periodistas de 13 entidades de la República asistentes al Seminario Nacional por leyes y mecanismos de protección en los estados de la república, convocado por la Casa de los Derechos de los Periodistas.
Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET)
Centro de Información México.
Alerta: Asesinan a María Elizabeth Macías, periodista de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
México, 26 de septiembre, 2011 (CEPET)
El cuerpo de María Elizabeth Macías, de 39 años, quien era jefa de redacción del diario Primera Hora, de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas región este de México, fue encontrado decapitado este sábado 24 de septiembre en una zona céntrica de dicha ciudad fronteriza con los Estados Unidos.
El cadáver de Macías, quien era mare de 2 menores de edad, fue localizado en el monumento de Cristóbal Colón, una de las principales zonas céntricas de la ciudad, y según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, junto a su cuerpo se encontraron dos teclados de computadora, un reproductor de discos y varios cables, acompañados de un mensaje:
“Ok Nuevo Laredo en vivo y redes sociales. Yo soy la nena de Laredo y aquí estoy por mis reportes y los suyos… para los que no quieren creer, esto me pasó por mis acciones, por confiar en SEDENA y MARINA… Gracias por su atención Atte: “La Nena de Laredo… ZZZZ”
La periodista llevaba más de 3 años trabajando en el diario, según fuentes del periódico Primera Hora, consultadas por el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET)
“Además de trabajar en el diario, María Elizabeth Macías, tenía un blog con el seudónimo “La Nena de Nuevo Laredo”, el cual utilizaba para denunciar las acciones del narcotráfico en esa región”.
“Desde hace más de un año este diario no cuenta con la sección policiaca, debido al incremento de las agresiones contra el gremio periodista de esta región. Nuestra compañera denunciaba de forma independiente en su blog información para el Ejército y la Policía, contra los grupos de delincuencia organizada que operan en esta zona” agregaron fuentes del diario Primera Hora a CEPET.
El pasado 13 de septiembre, también en Nuevo Laredo, fueron encontrados los cuerpos de dos personas, que fueron torturados, colgados de un puente, y tenían mensajes dirigidos a usuarios de dicha red social amenazando a quien difundiera información referente al narcotráfico y grupos de delincuencia organizada por internet.
María Elizabeth Macías es la cuarta periodista asesinada desde que inició 2011, hasta la fecha México registra desde el año 2000 a la fecha el asesinato de 80 reporteros y 14 desaparecidos.
En este año, dos periodistas del diario Notiver del estado de Veracruz, región sur del país, fueron asesinados y dos mujeres periodistas de la ciudad de México, Rocío González Trápaga, ex reportera de Televisa, y Ana María Marcela Yarce Viveros, fundadora y periodista de la revista semanal Contralínea, también fueron asesinadas.
El CEPET exhorta a las autoridades competentes a esclarecer estos hechos y garantizar el estado de derecho y el pleno ejercicio de la libertad de expresión en el país. El CEPET sostiene que las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación por motivo de su trabajo, representan un ataque en contra de la sociedad porque vulneran su derecho a estar informada.
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