Los ojos del mundo están puestos en Veracruz

Javier Hernández Alpízar

La desaparición, la semana pasada, del periodista Daniel Flores Guillén, reportero de El Mañanero de Acayucan, denunciada por sus familiares en el municipio de Jesús Carranza, Ver., agravada por las previas amenazas al hoy desaparecido por investigar una fuga masiva de presos del penal Duport Ostión en Coatzacoalcos, es apenas el hecho más reciente de una serie de amenazas, ejecuciones, desapariciones y ataques que, en su conjunto, han vuelto a Veracruz el estado más peligroso para ejercer la profesión del periodismo: reportero, reportera, fotógrafo, editor, caricaturista, en fin. Así lo ha calificado Reporteros Sin Fronteras.

Acaba de aparecer un comunicado de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) pidiendo la presentación con vida de otro reportero Gabriel Manuel Fonseca Hernández, desaparecido en Acayucan, Ver., recién el 17 de septiembre. El hoy desaparecido periodista cuenta apenas con 18 años, pero ya había trabajado en “Diario del Sur, Diario Acayucan, Semanario Tribuna, Tolerar del Sur, Semanario Notisur, Semanario El Manifiesto, además de la radio local XEVZ Radio la Veraz. De hecho, a decir de sus compañeros, sólo le tomaban los datos y las fotos, pero no salía su crédito, hasta que hace año y medio el Diario Acayucan lo incorporó a la fuente policiaca donde siempre se desempeñó.” La última vez que se le vio estaba en El Mañanero, mismo diario donde trabajaba Daniel Flores Guillén.

Las agresiones contra Notiver han sido constantes, con los asesinatos de Milo Vela (Miguel Angel López Velasco), su hijo, su esposa y, días después, de la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz, apenas en el pasado mes de julio.

Proceso ha denunciado la compra masiva de sus ejemplares este domingo en Xalapa en Veracruz- Boca del Río y Xalapa, con lo que Veracruz se suma a esta forma de impedir que los lectores compren el semanario, hecho que ya ocurrió antes en otras ciudades de la república como Monterrey, Durango, Puebla y León, así han denunciado los editores.

Reporteros sin Fronteras ha denunciado, junto con los hechos anteriores, la agresión a Jorge Flores, de W Radio; Juan Carlos Alarcón, de la estación MVS Noticias, y Arturo Moreno, de la agencia Notimex, quienes se encontraban en las instalaciones del Servicio Médico Forense de Boca del Río, cuando fueron retenidos amenazados con armas de fuego y obligados a borrar las fotografías y el audio que habían obtenido, por elementos de la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI). “El gobierno del estado fue incapaz de proporcionar la mínima explicación por este abuso de poder”, comentó Reporteros Sin Fronteras.

A ello se suman otros hechos como el autoexilio del caricaturista Rapé, quien publica en Milenio, y anunció por Facebook y Twitter que deja Veracruz porque no hay aquí garantías para la libertad de expresión. Precisamente recién salieron tras una fuerte presión internacional y después de un alto costo para la imagen del gobierno estatal Maruchi Bravo Pagola, periodista, y el profesor Gilberto Martínez Vera, encerrados en Pacho Viejo por posteos en Twitter, hecho insólito a nivel mundial que puso al estado ante los ojos del mundo.

El gobierno en lugar de rectificar legisló al vapor una ley que puede ser usada para criminalizar la libre expresión “por cualquier medio”, por el “delito de perturbación del orden público”.

Ya la situación de violencia e inseguridad contra periodistas, comunicadoras y usuarios de redes sociales en Veracruz ha llamado la atención de organizaciones nacionales e internacionales. Entre los más recientes pronunciamientos puede mencionarse el que en la Ciudad de México firmaron periodistas de 13 entidades de la república, todos ellos asistentes al Seminario Nacional por leyes y mecanismos de protección en los estados de la república, convocado por la Casa de los Derechos de Periodistas.

En su brevedad está su contundencia: “En los últimos meses se ha vivido una escalada de violencia extrema en contra de las y los compañeros periodistas que ejercen su profesión en el estado de Veracruz; asesinatos, desapariciones, amenazas, agresiones, actos de intimidación e incluso violencia institucional en forma de descalificaciones a periodistas en riesgo, acoso judicial y leyes especiales contra twitteros.

“Frente a ello el gobierno de Veracruz está cayendo en el delito de omisión por no realizar medidas efectivas que frenen esta escalada; su responsabilidad no radica en negar o desmentir estos hechos lacerantes e indignantes, sino en actuar con políticas publicas claras de prevención e investigación de los hechos que claramente atentan contra toda la sociedad veracruzana al acallar y cerrar los canales de información y comunicación a los que tienen derecho.

“Hay evidencia de un éxodo irrefrenable de periodistas de Veracruz, y esto es otra muestra alarmante de que en dicha entidad no existen las condiciones mínimas para ejercer el periodismo. Una sociedad sin periodistas ni comunicadores está condenada a ser una sociedad sumida en la oscuridad y en el desconocimiento de la realidad que le rodea.

“Urgimos y exigimos al gobierno de Javier Duarte que de inmediato investigue y castigue a los responsables de todos y cada uno de estos hechos, que garantice el ejercicio profesional de las y los periodistas en todo el territorio estatal y sobre todo que asuma su responsabilidad de cara a la nación sin minimizar o negar esta verdad tan dolorosa.”

El hecho de que el contexto del país sea de guerra, de violencia, y de alto nivel de agresiones a periodistas, comunicadores y prensa no atenúa sino agrava lo que pasa en Veracruz.

Los mismos periodistas que firmaron un comunicado urgente al gobierno de Veracruz, dieron a la luz pública otro general sobre el país en el que expresaron: “a pesar de condiciones distintas que tenemos para trabajar en cada entidad, padecemos circunstancias comunes derivadas de la vulnerabilidad estructural de la mayoría de periodistas mexicanos, por la inexistencia de leyes que reconozcan nuestros derechos laborales y profesionales, por la debilidad jurídica para la protección del ejercicio, por malas prácticas de gobernantes, servidores públicos, elementos de las fuerzas de seguridad de todas las corporaciones y hasta de muchos empresarios de medios de prensa.

“Advertimos que cada día se vulnera más el derecho a la información de todos los mexicanos porque siguen creciendo las zonas de silencio informativo en la mayoría de las entidades del país. Especialmente en el corredor de tierra caliente de los estados de Guerrero, Michoacán y Estado de México así como en los estados de Veracruz, Tamaulipas y una región de Chihuahua, esto como consecuencia de las amenazas, agravios y asesinatos que cometen no sólo criminales de la delincuencia organizada sino también servidores públicos de todos los niveles.”

Lo firman muchos periodistas, mujeres y hombres, entre quienes algunos han padecido la represión en estados como Chiapas, y de medios que han estado bajo permanente ataque como Contralínea. Es sintomático que uno de ellos, de Tamaulipas, pidió no publicar su nombre.

Cuando el pago por comunicar puede ser la vida, mal muy mal anda todo, y pierde la sociedad, que es la razón de ser de la vida pública.